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Fundación Finanzas Éticas denuncia en la Junta General de Accionistas que Indra suministra tecnología para la guerra en el Yemen - Fundación Finanzas Éticas

Fundación Finanzas Éticas, el Centre Delàs y la red internacional de inversoras responsables Shareholders For Change (SfC) han reclamado hoy, en la Junta de Accionistas de Indra, que la empresa abandone el sector armamentístico y tome medidas para que su tecnología no sea usada en la guerra del Yemen.

  • Miren Koldobi Velasco, destacada activista antimilitarista en Canarias interviene en nombre de la Fundación, del Centre Delàs y de Shareholders For Change.
  • Denuncia la vulneración de derechos humanos en las fronteras y el uso de tecnología de la empresa por parte de la alianza árabe en la guerra del Yemen.
  • Exigen el cierre de la actividad militar de la empresa y denuncian la complicidad del gobierno.

Esta mañana Koldobi Velasco, representante de Fundación Fundación Finanzas Éticas (entidad fundadora de Fiare Banca Etica), del Centre Delàs (centro de estudios por la paz) y de la red de inversores responsables ”Shareholders for Change” que reúne a 12 gestoras de fondos responsables europeas para el accionariado crítico y activo, ha intervenido en la Junta General de Accionistas de Indra para pedir el cierre de las actividades de la empresa en el sector armamentístico y reorientar toda la actividad empresarial a favor de la sostenibilidad de la vida.

“Indra tiene un gran potencial tecnológico y debe utilizarse para el desarrollo humano y no para bombardear a población inocente e indefensa en el Yemen, por eso reclamamos un cambio estatrégico” ha declarado Koldobi Velasco, responsable de las tres organizaciones.

Indra Sistemas es una de las principales compañías militares en España y una de las más importantes en defensa y seguridad en Europa. Un 22% de sus actividades están relacionadas con defensa y el sector militar.  Su principal cliente es el Ministerio de Defensa y participa en casi todos los grandes programas de armas de las fuerzas armadas españolas: los sistemas de vuelo de los aviones de combate F-2000, el avión de transporte militar A400M, los Helicópteros Tigre y NH-90 que fabrica Airbus Defence and Space; toda la electrónica y sistemas de comunicación de toda clase de buques de guerra que construye la estatal Navantia; los blindados Pizarro y Leopardo que fabrica Santa Bárbara Sistemas; el guiado de misiles que disparan todos estos armamentos; así como también desarrolla sistemas de guerra electrónica. Una producción que España hoy está exportando a países como Turquía, Arabia Saudí, Egipto o Qatar entre otros muchos, países que directa o indirectamente están implicados en las guerras actuales de Siria, Yemen Afganistán e Irak, y en consecuencia con la grave crisis de refugiadas que huyen de la guerra y a los que Europa hoy les niega acogida.

La activista canaria ha destacado la implicación de Indra en la guerra en Yemen a través de la venta de armas a Arabia Saudí, quien participa este conflicto armado liderando una coalición de 9 países árabes, que  están llevando a cabo una guerra de destrucción y bombardeos constantes en este país. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el conflicto armado ha provocado 2.4 millones de desplazados internos y refugiados/das (UNHCR, 2016), más de 7.500 civiles yemeníes han muerto y 42.000 han sido heridos. Arabia Saudí ha adquirido desde 2014, 72 Eurofighters y carros de combate Leopard a los que Indra aporta sus sistemas tecnológicos. Con este material, Arabia Saudí ha efectuado bombardeos sobre objetivos civiles, como colegios, instalaciones médicas, mezquitas y mercados, que se han saldado con miles de civiles muertos o heridos. Debe señalarse que Arabia Saudí puede haber cometido crímenes de guerra. Además, el Estado Español (que es propietario parcialmente de Indra) vulnera el Tratado de Comercio de Armas y la Posición Común de la Unión Europea al vender armas (algunas con componentes producidos por Indra) a Arabia Saudí.

Indra tiene una fuerte presencia en los lobbys de Europa y una estrecha relación con el Gobierno español; el 18,7% de sus acciones es propiedad de SEPI -empresa gubernamental pública, y este activo lobby, en el que ha gastado más de un millón y medio de euros,  ha dado como resultado una gran cantidad de proyectos y contratos públicos para INDRA. Junto con otras empresas transnacionales de la industria de armamento, contribuyó, por ejemplo, a establecer las directrices estratégicas del Programa Europeo de Investigación de Seguridad, entre otras. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social permitieron a Indra participar en la redacción de pliegos de concursos que luego amañó junto a otras compañías tecnológicas con las que formó un cártel para repartirse y encarecer artificialmente contratos públicos en el negocio de la informática y el tratamiento de datos. Así se desprende de la resolución con la que la sala de Competencia del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha sancionado a Indra y a otras diez empresas del sector con multas de 29,9 millones de euros por su pertenencia a ese cártel, que estuvo vigente durante diez años (2005-2015) y afectó a organismos tan diversos.

Indra, es una de las principales responsables de construir y mantener las vallas de Ceuta y Melilla.  En relación a la valla de Melilla, un informe de Médicos Sin Fronteras describe la situación de las personas que han tratado de escalar la valla de Melilla: «[…] incapaces de moverse o regresar a sus propios países, e incapaces de trabajar en Marruecos, sufren constante hostigamiento y violencia, por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes que intentan evitar que salten la valla al territorio español y se dirijan a través del Estrecho de Gibraltar hacia Europa. La Guardia Civil de España también está involucrada en el acoso«.

El Observatorio Internacional de Migraciones ha asegurado que “mueren muchas más personas migrantes por el propio control de las fronteras que a causa del mar”. Según el informe “La transformación del Complejo Militar-Industrial: Evolución, influencia y violación de derechos humanos en la Homeland Security”, elaborado por NOVACT y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, se identifican 81 vulneraciones de derechos humanos cometidas por las 22 empresas analizadas en el informe, entre las que se encuentra Indra.

Por todo ello, Fundación Finanzas Éticas, el Centre Delàs y Shareholder for Change han reclamado:

  • la NO colaboración de esta empresa en la investigación, la producción, suministro de armas o dispositivos de militarización de las fronteras, destructoras de la vida y que violan derechos humanos, contribuyendo a dar respuestas no adecuadas y a enriquecer a unos pocos a costa de la guerra contra la vida para la mayoría de las personas del planeta.
  • La paralización de los procesos de cabildeo en la política de la UE y España en políticas de defensa y seguridad y, en su lugar, contribuir a la búsqueda del bienestar, los derechos y las libertades de todas las personas.
  • que la empresa renuncie a proyectos con fines militares y vinculados a la violación de los Derechos Humanos.
  • la toma de conciencia de las trabajadoras, trabajadores, y de los accionistas invitándoles a que se nieguen a contribuir con el negocio de las guerras y la criminalización de las personas migradas y desplazadas por la fuerza.

Finalmente, Miren Koldobi Velasco ha hecho un llamamiento general a ser parte de la resolución pacífica de los conflictos, al uso de la noviolencia y al desarme, así como a respetar los Derechos Humanos y las libertades.

Por su parte el presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, se ha limitado a responder que la empresa cumple con los convenios de las Naciones Unidas y que dos agencias califican muy positivamente su desempeño en responsabilidad social corporativa. También ha confirmado que la facturación del área de defensa asciende al 20%.