La campaña #DesarmandoIndra denuncia, un año más, en la Junta General de Accionistas la creciente apuesta de la compañía por el negocio militar
Más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Finanzas Éticas, han llevado a la Junta General de Accionistas de Indra, celebrada el 30 de junio, una reflexión sobre el rumbo que está tomando la compañía y el papel que desempeña en el actual contexto de rearme y militarización. La intervención, realizada por Judit Vela en representación de la campaña #DesarmandoIndra, ha cuestionado que una parte cada vez más importante del crecimiento de Indra esté ligada al negocio de la defensa, en un momento marcado por el aumento del gasto militar, la intensificación de los conflictos armados y el genocidio contra el pueblo palestino.
Durante su intervención se recordó que la división de Defensa se ha consolidado como uno de los principales motores de crecimiento de la empresa. En 2025, Indra incrementó sus ingresos un 13 %, hasta alcanzar los 5.457 millones de euros, mientras que el área de Defensa creció un 36 %, hasta los 1.407 millones. Además, de los más de 16.000 millones de euros de cartera de pedidos de la compañía, cerca de 11.300 millones corresponden a programas militares.
La intervención ha trasladado tres preguntas al Consejo de Administración de Indra. En primer lugar, se ha cuestionado si un modelo de crecimiento cada vez más dependiente del aumento del gasto militar puede considerarse sostenible a largo plazo. También se ha preguntado si la apuesta por el sector de la defensa puede comprometer el desarrollo de la actividad civil de la empresa o afectar a futuras contrataciones con las administraciones públicas. Finalmente, se ha solicitado información sobre el estado del proceso de desconexión de la industria israelí y sobre las responsabilidades que pueden derivarse de la colaboración con empresas vinculadas a ese país.
En respuesta a la intervención de la campaña, el presidente de Indra ha defendido la estrategia de la compañía y ha enmarcado su actividad en el cumplimiento de la legislación vigente y de las políticas de seguridad y defensa impulsadas por las administraciones públicas.