Actividades de accionariado crítico en 2022

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Durante 2022, desde Fundación Finanzas Éticas hemos llevado a cabo varias actuaciones dentro de nuestro programa de accionariado crítico, en colaboración con actores sociales vinculados más directamente con temáticas como la pobreza energética, el respeto a los derechos humanos u otros. Fundación Finanzas Éticas utiliza la actividad de accionariado crítico como una herramienta que pretende, por un lado, mostrar que es posible cambiar los comportamientos de las empresas desde un modelo de accionariado activo y crítico, y, por otro lado, visibilizar la importancia de que las personas accionistas se preocupen por las consecuencias (en términos medioambientales, laborales, sociales…) de la actividad de la empresa en la que invierten, más allá de los beneficios económicos.

En 2022, hemos participado en las Juntas de Accionistas de ENDESA y de INDRA.

ENDESA. En colaboración con Alianza contra la Pobreza Energética (APE), durante la Junta General de la compañía, celebrada de manera telemática el 29 de abril 2022, APE y FFE han preguntado a la compañía sobre si existe voluntad de apoyo a los hogares más vulnerables ante el alza de precios, así como por los continuos cortes eléctricos en barrios desfavorecidos que afectan a la vida de muchas familias con escasos recursos.

Endesa anunció en febrero 2022 un beneficio ordinario neto de 1.902 millones de euros. Ante este anuncio, las entidades han preguntado acerca de la voluntad de la empresa para asumir el impacto de la actual crisis de precios y acordar la condonación de la deuda generada en los hogares más vulnerables. Por otro lado, dando continuidad a las preguntas ya planteadas en juntas de accionistas de la compañía en pasados años, en su intervención han cuestionado el pobre estado de la red de distribución, así como la falta de inversión y de mantenimiento en varios barrios de ciudades españolas. Las organizaciones han registrado sus preguntas por escrito, solicitando su incorporación al acta de la reunión. Las cuestiones planteadas han sido trabajadas con los colectivos afectados por los cortes de suministro, quienes también han sido incluidos como firmantes en el documento presentado.

Durante la Junta de Accionistas se dio contestación a las preguntas planteadas. Las respuestas las dio Juan Sánchez-Calero Guilarte, presidente de la empresa. El presidente habló del bono social COVID y la moratoria de cortes, medidas de obligado cumplimiento por parte de la compañía impulsadas desde el Ejecutivo español, no a voluntad de la empresa. Por otro lado, habló de las deudas de clientes vulnerables, pero no de la externalización de su gestión a compañías de recobros sin escrúpulos ni de las permanentes cartas de recordatorio. Valoró positivamente el convenio firmado con la Generalitat de Catalunya (gobierno catalán) pero no mencionó los obstáculos que Endesa pone a la instalación de contadores sociales en Catalunya, una de las principales medidas del acuerdo. Por último, con relación a los cortes en los barrios de algunas ciudades españolas, que hace años que sufren la mala praxis de la compañía, no reconoció el paupérrimo estado de la red de distribución ni propuso un plan de urgencia para evitarlos.

INDRA. Dentro de la campaña #DesarmandoIndra, Fundación Finanzas Éticas junto con Centre Delàs y más de 20 colectivos sociales hemos asistido a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa INDRA, celebrada el 23 de junio de 2022, en Alcobendas (Madrid). Koldobike Velasco Vázquez ha sido la persona portavoz que ha intervenido trasladando a accionistas, directivos y medios de comunicación, la denuncia de los vínculos de la empresa con el negocio de la guerra y de la militarización de fronteras. Al mismo tiempo, una decena de activistas de la campaña han llevado a cabo una acción en frente de la sede de la empresa armamentista y de seguridad en el centro de Madrid, en la calle Miguel Yuste. En años anteriores, desde Fundación Finanzas Éticas ya hemos reclamado que la empresa abandone el sector armamentístico.

INDRA ha dado respuesta por escrito a la intervención realizada asegurando que no es una compañía de armamento y así se refleja en los propios Estatutos de la Sociedad. Insiste en que el objetivo de Indra es la “prestación de servicios en los ámbitos de consultoría de negocio y de gestión, consultoría tecnológica y formación destinados a cualquier campo o sector”. Igualmente, afirma en su respuesta que la compañía opera en el sector Defensa que considera es un componente crucial de la seguridad, y la seguridad es la condición previa para la sostenibilidad.

Otras actuaciones

Junto con estas acciones, Fundación Finanzas Éticas participa en la entidad Shareholders for Change, red europea que promueve la participación de accionistas comprometidos con el desarrollo de mercados financieros sostenibles y una economía global alineada con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). FFE es una de las siete entidades fundadoras de esta organización y la única  representante de la red en España.

Además, en 2022 la Fundación ha firmado un convenio con el Centre Delàs con objeto de apoyar y divulgar la investigación de la entidad vinculada a la campaña Banca Armada, impulsada por este centro de investigación. La información derivada de las investigaciones sobre la participación de entidades bancarias en empresas de armamento sirve como base para algunas de las acciones de accionariado crítico en las que participa la Fundación.

 

Organizaciones sociales denuncian en la Junta General de INDRA los vínculos de la empresa con el negocio de las armas

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Una veintena de colectivos y entidades han intervenido en la junta de accionistas de Indra, en el marco de actividades vinculadas a Accionariado Crítico. En una acción impulsada por Fundación Finanzas Éticas, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Alternativa Antimilitarista MOC, participantes de la WRI-IRG (Internacional de Resistentes a las Guerras), Ecologistas en Acción y Desarma Madrid, las entidades han denunciado que la empresa Indra se enriquece de la producción de armamento y la militarización de fronteras.

La denuncia se ha llevado a cabo en la Junta General de Accionistas de Indra que ha tenido lugar el 23 de junio, en Alcobendas (Madrid). La campaña ha consistido en la intervención de una representante que ha trasladado a accionistas, directivos y medios de comunicación, la denuncia de los vínculos de la empresa con el negocio de la guerra y de la militarización de fronteras. Al mismo tiempo, una decena de activistas de la campaña han llevado a cabo una acción en frente de la sede de la empresa armamentista y de seguridad en el centro de Madrid, en la calle Miguel Yuste.

Indra, empresa con participación accionarial pública de un 28% por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, tuvo unos ingresos de 3.390 millones de euros a cierre del ejercicio 2021, un beneficio récord, que representa un 8,7% más que en 2020. La activista de la campaña y miembro de Alternativa Antimilitarista MOC y WRI, Koldobi Velasco, ha apuntado en su intervención en la Junta de Accionistas que parte de estos beneficios procede de la participación de la empresa en el negocio de las armas que alimenta y necesita de las guerras, y también de la militarización de fronteras, un negocio del que Indra es una de las empresas más destacadas en España y a nivel europeo. 

Una de las consecuencias de los conflictos armados que alimentan las armas son los desplazamientos forzados. Indra, además de beneficiarse del negocio de las armas, se beneficia de la militarización de fronteras, que como han señalado hoy las activistas de la campaña, es “un fenómeno que impacta en la vida, cuerpos y derechos de las personas desplazadas por la fuerza, que entre otras, huyen de las violencias que generan las guerras”. Indra dedica alrededor del 27% de su producción a desarrollar electrónica militar, simuladores de vuelo y sistemas de tiro y de defensa electrónica que, entre otras cosas, se utilizan para la militarización de fronteras. De hecho, se encuentra entre las diez multinacionales que se embolsan el 65% del dinero que España destina a frenar la migración. “Pero mientras las personas desplazadas por la fuerza no paran de aumentar, la tecnología y los beneficios de Indra crecen a través de la gestión fronteriza del Estado español en los sensores en las vallas de Ceuta y Melilla, en la reparación de equipos de patrulleros y buques de la Guardia Civil y de la Armada y en la vigilancia marítima, en concreto en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que gestiona la Guardia Civil”, ha recalcado Koldobi Velasco en su intervención.

                   

A parte de los impactos directos de los armamentos en cuya fabricación participa Indra, en la población de los países en situación de conflicto armado, la campaña #DesarmandoIndra también ha querido poner el foco en los impactos que la producción de estos armamentos en el medioambiente. “Tampoco debemos olvidar que la industria militar tiene importantes impactos medioambientales indirectos, desde la extracción de materias primas para la fabricación de las armas, la contaminación por las actividades industriales de las cadenas de suministro y el montaje final de los nuevos equipamientos militares” o la degradación del medioambiente derivada de los efectos de la guerra en los países que las sufren.

Las activistas de la campaña también han querido señalar que, tal como afirma la Fundación por Causa, por los órganos de dirección de la empresa han pasado al menos 26 casos de puertas giratorias. Y que además de ser una de las mayores beneficiarias de grandes contratos para la militarización de fronteras, Indra tiene un puesto destacado también entre las empresas que más fondos reciben a través del Fondo Europeo de Defensa de la UE. 

Finalmente, la campaña ha recordado que a pesar de todo lo denunciado, “en febrero de 2022, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (propiedad del Estado español) anunció la compra de un 10% más de las acciones de Indra, lo que eleva la participación del Estado en la empresa a un 28%. En un contexto como el que presenta el estallido de una guerra como la de Ucrania y otras tantas guerras irrosoltas en el mundo, que la doctrina de la coerción, el militarismo y la guerra no sólo no está evitando, sino que contribuye a agravar, parece atinado afirmar que necesitamos invertir recursos para la construcción de la protección y el cuidado de la vida y tecnologías que garanticen estos principios y la protección de los Derechos Humanos. Sin embargo, en 2020 INDRA destinó en torno a un 17% de su producción a tecnología que tiene un uso y fines militares, lo que ha supuesto más de 500 millones de beneficio para la empresa”.

Las entidades y colectivos adheridos a la campaña #DesarmandoIndra son: Alternativa Antimilitarista MOC, Fundación Finanzas Éticas, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG), Desarma Madrid, Ecologistas en Acción, Regularización Ya, Baladre, Red Canaria en defensa de los derechos de las personas migrantes, La Guerra Empieza Aquí (Ongi Etorri Errefuxiatuak), Mujeres de Negro de Madrid, Solidary Wheels, Caminando Fronteras, FETS-Finançament Ètic i Solidari, Plataforma 12D, Universitat Internacional de la Pau, Caravana Abriendo Frontera, Armiarma Talde Feminista Antimilitarista, Asociación Finanzas Éticas Castilla y León, Bake Ekintza Antimilitarista, Campaña Banca Armada, Setem Catalunya, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, FondRedess, Institut de Drets Humans de Catalunya.