Una veintena de colectivos y entidades han intervenido en la junta de accionistas de Indra, en el marco de actividades vinculadas a Accionariado Crítico. En una acción impulsada por Fundación Finanzas Éticas, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Alternativa Antimilitarista MOC, participantes de la WRI-IRG (Internacional de Resistentes a las Guerras), Ecologistas en Acción y Desarma Madrid, las entidades han denunciado que la empresa Indra se enriquece de la producción de armamento y la militarización de fronteras.

La denuncia se ha llevado a cabo en la Junta General de Accionistas de Indra que ha tenido lugar el 23 de junio, en Alcobendas (Madrid). La campaña ha consistido en la intervención de una representante que ha trasladado a accionistas, directivos y medios de comunicación, la denuncia de los vínculos de la empresa con el negocio de la guerra y de la militarización de fronteras. Al mismo tiempo, una decena de activistas de la campaña han llevado a cabo una acción en frente de la sede de la empresa armamentista y de seguridad en el centro de Madrid, en la calle Miguel Yuste.

Indra, empresa con participación accionarial pública de un 28% por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, tuvo unos ingresos de 3.390 millones de euros a cierre del ejercicio 2021, un beneficio récord, que representa un 8,7% más que en 2020. La activista de la campaña y miembro de Alternativa Antimilitarista MOC y WRI, Koldobi Velasco, ha apuntado en su intervención en la Junta de Accionistas que parte de estos beneficios procede de la participación de la empresa en el negocio de las armas que alimenta y necesita de las guerras, y también de la militarización de fronteras, un negocio del que Indra es una de las empresas más destacadas en España y a nivel europeo. 

Una de las consecuencias de los conflictos armados que alimentan las armas son los desplazamientos forzados. Indra, además de beneficiarse del negocio de las armas, se beneficia de la militarización de fronteras, que como han señalado hoy las activistas de la campaña, es “un fenómeno que impacta en la vida, cuerpos y derechos de las personas desplazadas por la fuerza, que entre otras, huyen de las violencias que generan las guerras”. Indra dedica alrededor del 27% de su producción a desarrollar electrónica militar, simuladores de vuelo y sistemas de tiro y de defensa electrónica que, entre otras cosas, se utilizan para la militarización de fronteras. De hecho, se encuentra entre las diez multinacionales que se embolsan el 65% del dinero que España destina a frenar la migración. “Pero mientras las personas desplazadas por la fuerza no paran de aumentar, la tecnología y los beneficios de Indra crecen a través de la gestión fronteriza del Estado español en los sensores en las vallas de Ceuta y Melilla, en la reparación de equipos de patrulleros y buques de la Guardia Civil y de la Armada y en la vigilancia marítima, en concreto en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que gestiona la Guardia Civil”, ha recalcado Koldobi Velasco en su intervención.

A parte de los impactos directos de los armamentos en cuya fabricación participa Indra, en la población de los países en situación de conflicto armado, la campaña #DesarmandoIndra también ha querido poner el foco en los impactos que la producción de estos armamentos en el medioambiente. “Tampoco debemos olvidar que la industria militar tiene importantes impactos medioambientales indirectos, desde la extracción de materias primas para la fabricación de las armas, la contaminación por las actividades industriales de las cadenas de suministro y el montaje final de los nuevos equipamientos militares” o la degradación del medioambiente derivada de los efectos de la guerra en los países que las sufren.

Las activistas de la campaña también han querido señalar que, tal como afirma la Fundación por Causa, por los órganos de dirección de la empresa han pasado al menos 26 casos de puertas giratorias. Y que además de ser una de las mayores beneficiarias de grandes contratos para la militarización de fronteras, Indra tiene un puesto destacado también entre las empresas que más fondos reciben a través del Fondo Europeo de Defensa de la UE. 

Finalmente, la campaña ha recordado que a pesar de todo lo denunciado, “en febrero de 2022, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (propiedad del Estado español) anunció la compra de un 10% más de las acciones de Indra, lo que eleva la participación del Estado en la empresa a un 28%. En un contexto como el que presenta el estallido de una guerra como la de Ucrania y otras tantas guerras irrosoltas en el mundo, que la doctrina de la coerción, el militarismo y la guerra no sólo no está evitando, sino que contribuye a agravar, parece atinado afirmar que necesitamos invertir recursos para la construcción de la protección y el cuidado de la vida y tecnologías que garanticen estos principios y la protección de los Derechos Humanos. Sin embargo, en 2020 INDRA destinó en torno a un 17% de su producción a tecnología que tiene un uso y fines militares, lo que ha supuesto más de 500 millones de beneficio para la empresa”.

Las entidades y colectivos adheridos a la campaña #DesarmandoIndra son: Alternativa Antimilitarista MOC, Fundación Finanzas Éticas, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG), Desarma Madrid, Ecologistas en Acción, Regularización Ya, Baladre, Red Canaria en defensa de los derechos de las personas migrantes, La Guerra Empieza Aquí (Ongi Etorri Errefuxiatuak), Mujeres de Negro de Madrid, Solidary Wheels, Caminando Fronteras, FETS-Finançament Ètic i Solidari, Plataforma 12D, Universitat Internacional de la Pau, Caravana Abriendo Frontera, Armiarma Talde Feminista Antimilitarista, Asociación Finanzas Éticas Castilla y León, Bake Ekintza Antimilitarista, Campaña Banca Armada, Setem Catalunya, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, FondRedess, Institut de Drets Humans de Catalunya.