Actividades de accionariado crítico en 2022

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Durante 2022, desde Fundación Finanzas Éticas hemos llevado a cabo varias actuaciones dentro de nuestro programa de accionariado crítico, en colaboración con actores sociales vinculados más directamente con temáticas como la pobreza energética, el respeto a los derechos humanos u otros. Fundación Finanzas Éticas utiliza la actividad de accionariado crítico como una herramienta que pretende, por un lado, mostrar que es posible cambiar los comportamientos de las empresas desde un modelo de accionariado activo y crítico, y, por otro lado, visibilizar la importancia de que las personas accionistas se preocupen por las consecuencias (en términos medioambientales, laborales, sociales…) de la actividad de la empresa en la que invierten, más allá de los beneficios económicos.

En 2022, hemos participado en las Juntas de Accionistas de ENDESA y de INDRA.

ENDESA. En colaboración con Alianza contra la Pobreza Energética (APE), durante la Junta General de la compañía, celebrada de manera telemática el 29 de abril 2022, APE y FFE han preguntado a la compañía sobre si existe voluntad de apoyo a los hogares más vulnerables ante el alza de precios, así como por los continuos cortes eléctricos en barrios desfavorecidos que afectan a la vida de muchas familias con escasos recursos.

Endesa anunció en febrero 2022 un beneficio ordinario neto de 1.902 millones de euros. Ante este anuncio, las entidades han preguntado acerca de la voluntad de la empresa para asumir el impacto de la actual crisis de precios y acordar la condonación de la deuda generada en los hogares más vulnerables. Por otro lado, dando continuidad a las preguntas ya planteadas en juntas de accionistas de la compañía en pasados años, en su intervención han cuestionado el pobre estado de la red de distribución, así como la falta de inversión y de mantenimiento en varios barrios de ciudades españolas. Las organizaciones han registrado sus preguntas por escrito, solicitando su incorporación al acta de la reunión. Las cuestiones planteadas han sido trabajadas con los colectivos afectados por los cortes de suministro, quienes también han sido incluidos como firmantes en el documento presentado.

Durante la Junta de Accionistas se dio contestación a las preguntas planteadas. Las respuestas las dio Juan Sánchez-Calero Guilarte, presidente de la empresa. El presidente habló del bono social COVID y la moratoria de cortes, medidas de obligado cumplimiento por parte de la compañía impulsadas desde el Ejecutivo español, no a voluntad de la empresa. Por otro lado, habló de las deudas de clientes vulnerables, pero no de la externalización de su gestión a compañías de recobros sin escrúpulos ni de las permanentes cartas de recordatorio. Valoró positivamente el convenio firmado con la Generalitat de Catalunya (gobierno catalán) pero no mencionó los obstáculos que Endesa pone a la instalación de contadores sociales en Catalunya, una de las principales medidas del acuerdo. Por último, con relación a los cortes en los barrios de algunas ciudades españolas, que hace años que sufren la mala praxis de la compañía, no reconoció el paupérrimo estado de la red de distribución ni propuso un plan de urgencia para evitarlos.

INDRA. Dentro de la campaña #DesarmandoIndra, Fundación Finanzas Éticas junto con Centre Delàs y más de 20 colectivos sociales hemos asistido a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa INDRA, celebrada el 23 de junio de 2022, en Alcobendas (Madrid). Koldobike Velasco Vázquez ha sido la persona portavoz que ha intervenido trasladando a accionistas, directivos y medios de comunicación, la denuncia de los vínculos de la empresa con el negocio de la guerra y de la militarización de fronteras. Al mismo tiempo, una decena de activistas de la campaña han llevado a cabo una acción en frente de la sede de la empresa armamentista y de seguridad en el centro de Madrid, en la calle Miguel Yuste. En años anteriores, desde Fundación Finanzas Éticas ya hemos reclamado que la empresa abandone el sector armamentístico.

INDRA ha dado respuesta por escrito a la intervención realizada asegurando que no es una compañía de armamento y así se refleja en los propios Estatutos de la Sociedad. Insiste en que el objetivo de Indra es la “prestación de servicios en los ámbitos de consultoría de negocio y de gestión, consultoría tecnológica y formación destinados a cualquier campo o sector”. Igualmente, afirma en su respuesta que la compañía opera en el sector Defensa que considera es un componente crucial de la seguridad, y la seguridad es la condición previa para la sostenibilidad.

Otras actuaciones

Junto con estas acciones, Fundación Finanzas Éticas participa en la entidad Shareholders for Change, red europea que promueve la participación de accionistas comprometidos con el desarrollo de mercados financieros sostenibles y una economía global alineada con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). FFE es una de las siete entidades fundadoras de esta organización y la única  representante de la red en España.

Además, en 2022 la Fundación ha firmado un convenio con el Centre Delàs con objeto de apoyar y divulgar la investigación de la entidad vinculada a la campaña Banca Armada, impulsada por este centro de investigación. La información derivada de las investigaciones sobre la participación de entidades bancarias en empresas de armamento sirve como base para algunas de las acciones de accionariado crítico en las que participa la Fundación.

 

#DesarmandoIndra denuncia las implicaciones de Indra en la producción de armas para la guerra y la militarización de fronteras

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sede de Indra en Barcelona después de la acción #DesarmandoIndra
Aprovechando la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021 de Indra, los diversos colectivos nos hemos organizado para asistir a la Asamblea en la sede de Indra en Madrid y poder trasladar nuestras demandas. Koldobike Velasco Vázquez ha sido la portavoz que ha formulado las preguntas en el turno final de palabra, y ha cerrado pidiendo un minuto de silencio por las víctimas de Indra.

Además, después de la intervención, en la tarde, activistas de los diversos colectivos y organizaciones que hemos colaborado en el comunicado trasladado a los accionistas de Indra nos hemos llevado a cabo una acción de denuncia ante la sede de la empresa en Barcelona. «Desarmando Indra» es el lema usado en esta campaña. 
activistas de #DesarmandoIndra en la sede de Indra de Barcelona.

Activistas de la campaña #DesarmandoIndra en la sede de Indra en Barcelona.

Las demandas que hemos trasladado no son nuevas, hay entidades que llevan tiempo investigando y sacando a la luz las actividades productivas y comerciales de diferentes empresas españolas vinculadas con la militarización de las fronteras y la fabricación de armas que se venden a y se usan en guerras y conflictos armados.
INDRA Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A MIGRAR Y AL LIBRE MOVIMIENTO

Tal y como ha trasladado Koldobike Velasco en la junta de accionistas, INDRA destaca por estar implicada en la construcción de las vallas de Ceuta y Melilla y por haber desarrollado el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), un sistema de radares que puede ser utilizado para interceptar a personas migradas. Instalación que ha costad más de 230 millones de euros entre los años 2002 y 2018. La misma compañía asegura que sus sistemas de vigilancia marítima «salvan vidas», mientras solo en el 2020, según Caminando fronteras, hubo 45 naufragios con más de 1800 personas muertas en la ruta canaria.

ldobike Velasco en la intervención en la Junta de accionistas de Indra. #DesarmandoIndra

Koldobike Velasco en la intervención en la Junta de accionistas de Indra.

Pero INDRA no sólo tiene un papel relevante en militarizar y reforzar los muros de las fronteras españolas, también fabrica sistemas de control y vigilancia para Hong Kong, Letonia, Marruecos, Polonia y el Reino Unido. Tanto Letonia, como Reino Unido han levantado muros en sus fronteras, contribuyendo así a la construcción de la Europa Fortaleza. Y Marruecos ha construido tres muros con Melilla, con Argelia y con los territorios saharauis. También ha desarrollado e implementado un sistema de vigilancia infrarroja y de cámaras con sensor de movimiento para las vallas construidas por Bulgaria en la frontera con Turquía en la ruta de los Balcanes, la principal ruta empleada por las personas migradas y refugiadas hasta 2015.

 

INDRA: PRODUCTOS PARA LA GUERRA
Además, Indra provee de los componentes necesarios para fabricar las armas que acaban en guerras y conflictos armados. Lo demuestran numerosos contratos con el Ministerio de Defensa español en los que ha desarrollado proyectos militares y de armamento relacionados con conflictos internacionales. La compañía vende tecnología para material de defensa y seguridad a Turquía, Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Omán y Yemen. Y controla el 80% de la Sociedad Española de Misiles (INMIZE), que diseña y desarrolla diversos tipos de misiles y es la filial española del principal fabricante de misiles europeo, MBDA, participado por el grupo europeo EADS.
Por ejemplo, fabrica y mantiene los sistemas de combate Leopard de Santa Bárbara Sistemas – General Dynamics, y los radares de los Eurofighters de BAE Systems, que han sido adquiridos por Arabia Saudí, país que lidera la guerra en Yemen. Además en 2018 España firmó un acuerdo para vender cinco corbetas de Navantia con componentes realizados por INDRA. El acuerdo incluye la construcción de una base naval para la flota de Arabia Saudí, la capacitación de tripulación, la implantación de simuladores, así como todo el material requerido para la puesta en marcha de una escuela de adiestramiento. 
campaña #DesarmandoIndraAdemás, después de la intervención, en la tarde, activistas de los diversos colectivos y organizaciones que hemos colaborado en el comunicado trasladado a los accionistas de Indra nos hemos llevado a cabo una acción de denuncia ante la sede de la empresa en Barcelona. «Desarmando Indra» es el lema usado en esta campaña. Todas estas armas y medios podrían emplearse en la guerra de Yemen o en el bloqueo que lleva a cabo la coalición contra el país, empeorando la situación humanitaria que, según datos de ACNUR, el 80% de la población necesita ayuda humanitaria para sobrevivir, hay cerca de 4 millones de desplazados internos y más de 7 millones de personas necesitan asistencia nutricional. Así, el Estado español vulnera el Tratado de Comercio de Armas y la Posición Común de la Unión Europea al vender armas (algunas con componentes producidos por Indra) a Arabia Saudí, ya que podría estar cometiendo crímenes de guerra.
Otro ejemplo es la actuación de Indra en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, a través de la implantación de tres estaciones adicionales en las zonas de Laayoune, Es-Semara y Dakla, para la cobertura de vigilancia del espacio aéreo y colaborando con el transporte de los recursos naturales saqueados al Sáhara. Esto contraviene el Derecho Internacional que afirma que el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y por tanto Marruecos no tiene soberanía legítima sobre este territorio, ni de sus recursos naturales, ni sus gentes.
INDRA Y EL DINERO PÚBLICO PARA LA GUERRA
No hay que olvidar que Indra, es en parte pública, ya que el 20% de sus acciones es propiedad del SEPI, una empresa gubernamental pública. Es la quinta empresa que más dinero público recibe con contratos del Gobierno en materia de control migratorio, para obras y servicios en materia migratoria​ (64,8% de todo el dinero analizado) ​ según la investigación de la Fundación por Causa.
También destaca por sus acciones de lobby en la Unión Europea, incentivando la militarización fronteriza con el fin de vender sus productos, para lo cual también ha tomado el liderazgo en la plataforma del lobby Europeo EOS (European Organisation for Security). Indra cuenta con más de 5 lobistas en una oficina en Bruselas, con un coste declarado cercano a los 2 millones de euros anuales. La inversión efectuada en un año por parte de estas empresas en las actividades de lobby se sitúa en más de 2 millones de euros. También forma parte del “Grup of Personalities” un espacio donde participan organismos de la UE y empresas militares y de seguridad, con 16 miembros de los cuales 7 son de empresas de armas.
NUESTRAS DEMANDAS
Ante esto, los colectivos que hemos organizado estas acciones, hemos trasladado en la  Junta General de Accionistas algunas de las demandas hacia la compañía, con la intención de hacerlas llegar a la direccion y accionistas de la empresa:
  • No colaboración de esta empresa en la investigación, la producción, suministro de armas o dispositivos de militarización de las fronteras, destructoras de la vida y que violan derechos humanos,
  • Exigimos la paralización de los procesos de cabildeo en la política de la UE y España en políticas de defensa y seguridad y, en su lugar, contribuir a la búsqueda del bienestar, los derechos y las libertades de todas las personas.
  • Con todo, a renunciar a proyectos con fines militares y vinculados a la violación de los Derechos Humanos.
En la acción de protesta de la tarde en Barcelona, se ha le´do el mismo comunicado que se trasladó en la Junta de Accionistas de la mañana, firmado por los siguientes colectivos convocantes: 
  • Fundación Finanzas Éticas, 
  • Centre Delàs d’Estudis per la Pau,  
  • Alternativa Antimilitarista.Moc 
  • participantes de la WRI-IRG (Internacional de Resistentes a las  Guerras) y con la Campaña Global sobre el Gasto Militar (GCOMS)
  • Desarma Madrid 
  • Ecologistas en Acción
  • Coordinación Baladre de luchas contra la precariedad, el empobrecimiento y  la exclusión social
  • campaña estatal Regularización Ya!
  • Mujeres de Negro de Madrid
  • Caravana Abriendo Fronteras 
  • Refugees Welcome España
  • Servei Civil Internacional Catalunya
  • La  Guerra Empieza Aquí 
  • Red Canaria por los derechos de las personas migrantes

Puedes ver el vídeo de la intervención en este enlace

Puedes leer la intervención completa en este enlace

La respuesta de Endesa a nuestra pregunta en la Junta de Accionistas: balones fuera y menosprecio a los barrios que sufren cortes de luz a diario

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El Consejero Delegado ha respondido con evasivas a los dos temas propuestos.

En la lectura de la pregunta, se ha ignorado el nombre de los barrios afectados por los cortes.

 

Endesa ha despachado su Junta General Ordinaria de Accionistas 2021 en poco más de una hora y cuarto, en la cual ha sacado pecho de la gestión de la compañía durante el ejercicio del pasado año. En la parte final, el Presidente y el Consejero Delegado han respondido a las preguntas de los accionistas, entre las cuales se ha incluido las realizadas desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Fundación Finanzas Éticas. El formato del encuentro, exclusivamente telemático y sin posibilidad de intervenir a distancia, ha permitido que las preguntas fueran leídas directamente por la propia empresa, recortando algunas partes y obviando información importante. Así, por ejemplo, no ha mencionado a APE, a pesar de constar como co-autoras de la pregunta.

En primer lugar, en relación a los cortes de suministro constantes que más de una decena de barrios están sufriendo por culpa de e-distribución (la distribuidora del grupo Endesa), el Consejero Delegado, José Bogas, ha evitado responder si eran conocedores específicamente de dicha situación. Además, en la pregunta remitida se listaba el conjunto de zonas afectadas, pero, en la lectura de la pregunta, el secretario ha obviado esta parte, en un claro menosprecio a todas las familias afectadas.

Por contra, Bogas ha asegurado que “la red está adecuadamente dimensionada para atender el consumo de los clientes” y que, ante cualquier incidencia, actúan para restablecer el servicio cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos. El máximo responsable ejecutivo de Endesa ha acabado afirmando que el desarrollo de la red eléctrica es uno de los pilares de la compañía.

¿Qué pensarán sobre estas afirmaciones las centenares de familias que son víctimas de la dejadez de Endesa? Familias que sufren cortes a diario que no les permiten realizar una vida normal. Por mucho que le pese a Bogas, estos barrios existen y son Distrito Norte y Haza Grande (Granada), la Font de la Pólvora (Girona), la Chanca-Pescadería, el Puche, Piedras Redondas, los Almendros, Casco Viejo, Quemadero y Fuentecica (Almería), San Juan (Jaén), Sant Roc (Badalona), Su Eminencia, Polígono Sur, San Jerónimo, partes de Pino Montano, las Candelarias y Torreblanca (Sevilla), Torre Baró, la Trinitat Nova y el Raval (Barcelona) o el Culubret (Figueres). Seguiremos denunciando la situación hasta que la empresa asuma su responsabilidad y ninguna vecina sufra cortes de luz en su hogar.

En segundo lugar, en relación a la gestión del cobro de la deuda de familias vulnerabilizadas, el Consejero Delegado ha indicado que Endesa sigue la normativa vigente en lo que se refiere a la comunicación con los clientes y que disponen de una atención especializada para clientes vulnerables, pero admite que está dirigida a los ayuntamientos y no directamente a las propias familias, tal y como reclamamos. Además, Bogas ha remarcado que, a raíz de la pandemia, tienen una especial sensibilidad en la gestión de los impagos domésticos, afirmación que contrasta con los numerosos cortes que se han producido en las últimas semanas, muchas de ellas con informe de vulnerabilidad.

Por lo que respecta a la gestión de los cobros, a pesar de reconocer que Endesa actúa en muchas ocasiones a través de “colaboradores externos”, ha afirmado que los casos de acoso son “aislados”. En este sentido, Bogas ha indicado que la compañía dispone de un sistema de control, que obliga a las empresas de recobro a cumplir una estricta normativa ética. En caso de incumplimientos, Endesa teóricamente adopta medidas.

Una vez más, la realidad dista mucho de las afirmaciones de los responsables de la energética. En el caso de Yolanda, una vecina acosada por una subcontrata de Endesa cuyo caso se encuentra actualmente en los juzgados penales, nos consta que no se ha puesto fin a la colaboración con la empresa de recobros, DPS Consulting.

En conclusión, una vez más la empresa ha respondido con evasivas y minimizando las vulneraciones de derechos denunciadas en su Junta de Accionistas. Sin embargo, los responsables de la empresa han tenido tiempo para compartir los resultados del último ejercicio, “excelentes” según su Consejero Delegado. Así, durante el 2020 Endesa obtuvo un resultado neto ordinario de 2.132 millones de euros, repartiendo una cantidad similar en dividendos a sus accionistas.

Mientras tanto, las familias afectadas por los cortes constantes siguen esperando una solución definitiva a sus problemas y muchas otras familias vulnerabilizadas continúan recibiendo el acoso de Endesa y sus colaboradores exigiendoles el pago de sus facturas atrasadas. Por todo ello, APE y la Fundación Finanzas Éticas seguiremos exigiendo un modelo energético más democrático, justo y sostenible, y defendiendo los derechos fundamentales de las familias que sufren las prácticas de la compañía.

 

APE y Fundación Finanzas Éticas, de nuevo unidas en la Junta de Accionistas de Endesa

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Las dos entidades hemos participado por segundo año consecutivo en el encuentro anual de accionistas

En él, hemos denunciado ante el Consejo de Administración los cortes en los barrios y el acoso que sufren las familias vulnerabilizadas con deudas

Aprovechando la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021 de Endesa, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Fundación Finanzas Éticas hemos vuelto a unir fuerzas para denunciar ante el Consejo de Administración de la energética las vulneraciones de derechos perpetradas por la compañía durante el último ejercicio. Como ya pasó el año pasado, la junta se ha celebrado de forma exclusivamente telemática y nuestra intervención ha consistido en una serie de preguntas leídas y respondidas por la propia empresa.

Las dos entidades, colaborando con plataformas vecinales y entidades como Sant Roc Som Badalona, la AV La Traiña (Almería) o #NoMásCortesGranada, lanzamos la semana pasada la campaña #EndesaIrresponsable a través de la cual hicimos pública una carta dirigida a los accionistas de la empresa para que votaran en contra de dos puntos del orden del día: el Estado de Información no Financiera y Sostenibilidad y la gestión social correspondientes al ejercicio anual 2020.

Entre los motivos, dos ejemplos clarísimos de las vulneraciones de derechos que la compañía ha cometido durante el último año. En primer lugar, la situación en muchos barrios de todo el Estado, que teniendo a Endesa como su compañía distribuidora, llevan padeciendo cortes de suministro constantes debido al mal estado de las líneas. Las familias afectadas, muchas de ellas con menores o personas dependientes, no pueden desarrollar actividades cotidianas como cocinar, calentar sus hogares, ducharse con agua caliente, tomar el ascensor y, en el peor de los casos, abastecer de energía los equipos médicos que necesitan para mantenerse con vida.

Los barrios afectados por la dejadez de e-distribución (Grupo Endesa) son el Distrito Norte y Haza Grande (Granada), la Font de la Pólvora (Girona), la Chanca-Pescadería, el Puche, Piedras Redondas, los Almendros, Casco Viejo, Quemadero y Fuentecica (Almería), San Juan (Jaén), Sant Roc (Badalona), Su Eminencia, Polígono Sur, San Jerónimo, partes de Pino Montano, las Candelarias y Torreblanca (Sevilla), Torre Baró, la Trinitat Nova y el Raval (Barcelona) o el Culubret (Figueres).

Hasta ahora, Endesa no ha hecho frente a la situación de una forma efectiva, escudándose a menudo en conexiones irregulares como la causa principal de todas las interrupciones. Además, en demasiadas ocasiones ha actuado tarde y ha dejado a muchas familias durante más de cinco horas sin suministro y en algunos barrios, como el del Puche en Almería, llevan más de 3 meses seguidos sin luz. Sea por el motivo que sea, el hecho es que Endesa no da un servicio digno a sus usuarios en estos barrios. Por ello, hemos exigido ante el Consejo de Administración de Endesa que la compañía tome las siguientes acciones:

  1. Actualización y buen mantenimiento de la red a cargo de la compañía.
  2. Actuaciones rápidas y efectivas: sectorializaciones de la red, instalación de generadores, etc. Ninguna solución será completa si una sola vecina sufre un corte en su casa.

En segundo lugar, hemos aprovechado la Junta de Accionistas para denunciar otro problema histórico de Endesa: la gestión de las facturas impagadas de familias vulnerabilizadas. Muchas de ellas son víctimas de las prácticas agresivas y acosadoras de terceras empresas a las que la compañía cede la tarea de recobrar esos impagos. Sociedades y despachos de abogados como DPS Consulting o Medina Cuadros persiguen a las personas con impagos con recurrentes mensajes, llamadas telefónicas y cartas con un lenguaje confuso y amenazas de emprender acciones judiciales.

Desde APE hemos denunciado ya esta situación, siendo el caso más paradigmático el de Yolanda, una vecina de Cubelles (Barcelona) que recibió la llamada de una persona que se hizo pasar por funcionario judicial para cobrar la supuesta deuda pendiente con Endesa, amenazando de embargar todas sus cuentas y cualquier prestación social que ingresara. Ante este tipo de prácticas, el pasado mes de julio presentamos una querella contra la empresa de recobros y el caso se encuentra actualmente en fase de instrucción, habiendo citado la jueza a dos personas como investigadas.

Por ello, en el marco de la Junta de Accionistas, hemos exigido a la compañía lo siguiente:

  1. No externalizar la gestión de la deuda de familias vulnerabilizadas.
  2. Crear unidades especiales con una formación específica para atender a las personas que sufren pobreza energética.

A pesar de los obstáculos (en la pasada Junta se aprobó una modificación de los Estatutos Sociales de la empresa para prohibir la asistencia al encuentro a cualquier entidad o persona que no dispusiera de un mínimo de 100 acciones), las dos entidades hemos podido trasladar de nuevo el sentir de todas aquellas familias a las cuales Endesa quiere ver calladas. Ante cualquier vulneración de derechos perpetrada por la compañía, alzaremos la voz para denunciarla y exigir cambios en sus políticas empresariales. En las próximas horas podréis acceder a través de nuestras redes sociales al momento en el que se han leído nuestras preguntas y la respuesta ofrecida por la energética.

 

Fundación Finanzas Éticas denuncia en la Junta General de Accionistas que Indra suministra tecnología para la guerra en el Yemen

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Fundación Finanzas Éticas, el Centre Delàs y la red internacional de inversoras responsables Shareholders For Change (SfC) han reclamado hoy, en la Junta de Accionistas de Indra, que la empresa abandone el sector armamentístico y tome medidas para que su tecnología no sea usada en la guerra del Yemen.

  • Miren Koldobi Velasco, destacada activista antimilitarista en Canarias interviene en nombre de la Fundación, del Centre Delàs y de Shareholders For Change.
  • Denuncia la vulneración de derechos humanos en las fronteras y el uso de tecnología de la empresa por parte de la alianza árabe en la guerra del Yemen.
  • Exigen el cierre de la actividad militar de la empresa y denuncian la complicidad del gobierno.

Esta mañana Koldobi Velasco, representante de Fundación Fundación Finanzas Éticas (entidad fundadora de Fiare Banca Etica), del Centre Delàs (centro de estudios por la paz) y de la red de inversores responsables ”Shareholders for Change” que reúne a 12 gestoras de fondos responsables europeas para el accionariado crítico y activo, ha intervenido en la Junta General de Accionistas de Indra para pedir el cierre de las actividades de la empresa en el sector armamentístico y reorientar toda la actividad empresarial a favor de la sostenibilidad de la vida.

“Indra tiene un gran potencial tecnológico y debe utilizarse para el desarrollo humano y no para bombardear a población inocente e indefensa en el Yemen, por eso reclamamos un cambio estatrégico” ha declarado Koldobi Velasco, responsable de las tres organizaciones.

Indra Sistemas es una de las principales compañías militares en España y una de las más importantes en defensa y seguridad en Europa. Un 22% de sus actividades están relacionadas con defensa y el sector militar.  Su principal cliente es el Ministerio de Defensa y participa en casi todos los grandes programas de armas de las fuerzas armadas españolas: los sistemas de vuelo de los aviones de combate F-2000, el avión de transporte militar A400M, los Helicópteros Tigre y NH-90 que fabrica Airbus Defence and Space; toda la electrónica y sistemas de comunicación de toda clase de buques de guerra que construye la estatal Navantia; los blindados Pizarro y Leopardo que fabrica Santa Bárbara Sistemas; el guiado de misiles que disparan todos estos armamentos; así como también desarrolla sistemas de guerra electrónica. Una producción que España hoy está exportando a países como Turquía, Arabia Saudí, Egipto o Qatar entre otros muchos, países que directa o indirectamente están implicados en las guerras actuales de Siria, Yemen Afganistán e Irak, y en consecuencia con la grave crisis de refugiadas que huyen de la guerra y a los que Europa hoy les niega acogida.

La activista canaria ha destacado la implicación de Indra en la guerra en Yemen a través de la venta de armas a Arabia Saudí, quien participa este conflicto armado liderando una coalición de 9 países árabes, que  están llevando a cabo una guerra de destrucción y bombardeos constantes en este país. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el conflicto armado ha provocado 2.4 millones de desplazados internos y refugiados/das (UNHCR, 2016), más de 7.500 civiles yemeníes han muerto y 42.000 han sido heridos. Arabia Saudí ha adquirido desde 2014, 72 Eurofighters y carros de combate Leopard a los que Indra aporta sus sistemas tecnológicos. Con este material, Arabia Saudí ha efectuado bombardeos sobre objetivos civiles, como colegios, instalaciones médicas, mezquitas y mercados, que se han saldado con miles de civiles muertos o heridos. Debe señalarse que Arabia Saudí puede haber cometido crímenes de guerra. Además, el Estado Español (que es propietario parcialmente de Indra) vulnera el Tratado de Comercio de Armas y la Posición Común de la Unión Europea al vender armas (algunas con componentes producidos por Indra) a Arabia Saudí.

Indra tiene una fuerte presencia en los lobbys de Europa y una estrecha relación con el Gobierno español; el 18,7% de sus acciones es propiedad de SEPI -empresa gubernamental pública, y este activo lobby, en el que ha gastado más de un millón y medio de euros,  ha dado como resultado una gran cantidad de proyectos y contratos públicos para INDRA. Junto con otras empresas transnacionales de la industria de armamento, contribuyó, por ejemplo, a establecer las directrices estratégicas del Programa Europeo de Investigación de Seguridad, entre otras. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social permitieron a Indra participar en la redacción de pliegos de concursos que luego amañó junto a otras compañías tecnológicas con las que formó un cártel para repartirse y encarecer artificialmente contratos públicos en el negocio de la informática y el tratamiento de datos. Así se desprende de la resolución con la que la sala de Competencia del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha sancionado a Indra y a otras diez empresas del sector con multas de 29,9 millones de euros por su pertenencia a ese cártel, que estuvo vigente durante diez años (2005-2015) y afectó a organismos tan diversos.

Indra, es una de las principales responsables de construir y mantener las vallas de Ceuta y Melilla.  En relación a la valla de Melilla, un informe de Médicos Sin Fronteras describe la situación de las personas que han tratado de escalar la valla de Melilla: «[…] incapaces de moverse o regresar a sus propios países, e incapaces de trabajar en Marruecos, sufren constante hostigamiento y violencia, por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes que intentan evitar que salten la valla al territorio español y se dirijan a través del Estrecho de Gibraltar hacia Europa. La Guardia Civil de España también está involucrada en el acoso«.

El Observatorio Internacional de Migraciones ha asegurado que “mueren muchas más personas migrantes por el propio control de las fronteras que a causa del mar”. Según el informe “La transformación del Complejo Militar-Industrial: Evolución, influencia y violación de derechos humanos en la Homeland Security”, elaborado por NOVACT y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, se identifican 81 vulneraciones de derechos humanos cometidas por las 22 empresas analizadas en el informe, entre las que se encuentra Indra.

Por todo ello, Fundación Finanzas Éticas, el Centre Delàs y Shareholder for Change han reclamado:

  • la NO colaboración de esta empresa en la investigación, la producción, suministro de armas o dispositivos de militarización de las fronteras, destructoras de la vida y que violan derechos humanos, contribuyendo a dar respuestas no adecuadas y a enriquecer a unos pocos a costa de la guerra contra la vida para la mayoría de las personas del planeta.
  • La paralización de los procesos de cabildeo en la política de la UE y España en políticas de defensa y seguridad y, en su lugar, contribuir a la búsqueda del bienestar, los derechos y las libertades de todas las personas.
  • que la empresa renuncie a proyectos con fines militares y vinculados a la violación de los Derechos Humanos.
  • la toma de conciencia de las trabajadoras, trabajadores, y de los accionistas invitándoles a que se nieguen a contribuir con el negocio de las guerras y la criminalización de las personas migradas y desplazadas por la fuerza.

Finalmente, Miren Koldobi Velasco ha hecho un llamamiento general a ser parte de la resolución pacífica de los conflictos, al uso de la noviolencia y al desarme, así como a respetar los Derechos Humanos y las libertades.

Por su parte el presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, se ha limitado a responder que la empresa cumple con los convenios de las Naciones Unidas y que dos agencias califican muy positivamente su desempeño en responsabilidad social corporativa. También ha confirmado que la facturación del área de defensa asciende al 20%.


Accionariado crítico: ENDESA contra dirección

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Fundación Finanzas Éticas, Greenpeace, IIDMA y la red internacional de inversores responsables Shareholders For Change (SfC) hemos pedido a Endesa en su Junta General de Accionistas un verdadero compromiso con la vida y el planeta. La empresa no ha dado ninguna respuesta satisfactoria a las cuestiones planteadas.

  • Representantes de IIDMA, Greenpeace y Fundación Finanzas Éticas antes de intervenir
  • Jordi Ibáñez, Fundación Finanzas Éticas
  • Junta general de accionistas de Endesa
  • Carlota Ruiz-Bautista, IIDMA

  • Jordi Ibáñez, Fundación Finanzas Éticas
  • Presentación de resultados del ejercicio
  • Raquel Montón, Greenpeace
  • Caras del consejo durante las intervenciones

Estos son los principales puntos planteados por la Fundación, las respuestas recibidas por parte del presidente de Endesa y nuestras valoraciones a las mismas:

  • descarbonización: reclamar a la empresa acelerar el proceso de cierre de las centrales de carbón impulsando procesos de transición justa para las trabajadoras y las comunidades hacia la producción de energías renovables. Respuesta de la empresa: no se cerrarán antes de 2030. Valoración de la respuesta: insatisfactoria.
  • desnuclearización. Cierre de las centrales nucleares. Respuesta de la empresa: no se cerrarán antes de 2035. Valoración de la respuesta: insatisfactoria.
  • Defensa de los derechos humanos en determinados países desde donde se importa carbón y a la vez hay altos riesgos de vulneración. Respuesta de la empresa: bettercoal audita y asegura que no hay riesgos. Valoración de la respuesta: insatisfactoria por ser contraria a lo que afirma la IIDMA. 
  • Pobreza energética. El principal mecanismo de generación de pobreza energética es el precio que se ha disparado en la última década. Endesa tiene gran poder de influencia en la conformación de los precios de distribución eléctrica. Se le reclama una política para fomentar la reducción de precios (acorde con los beneficios, con el proceso de transición energética, etc). Respuesta de la empresa:  ninguna (insiste en haber firmado acuerdos de mediación con ayuntamientos que no era objeto de la pregunta). Valoración de la respuesta: insatisfactoria.
  • Derechos laborales. La empresa destina anualmente todos los beneficios a dividendos a los accionistas mientras los trabajadores consideran que no cumple sus acuerdos y no hay predisposición a renovar el convenio colectivo. Respuesta de la empresa: lamentan la situación y hacen todos los esfuerzos. Valoración de la respuesta: insatisfactoria.
  • Discriminación de la mujer. La mujer trabajadora en Endesa cobra de media un 30% menos que el hombre; sólo un 18% de las personas del consejo de administración son mujeres (2). Respuesta de la empresa: la empresa promueve la participación de la mujer especialmente en los puestos de liderazgo. Valoración de la respuesta: insatisfactoria.

Si quieres leer la intervención completa pincha aquí. 

Si quieres ver el vídeo con la intervención pincha aquí. 

Si quieres ver el vídeo con las respuestas de la empresa pincha aquí. 

Si quieres leer la nota de prensa en castellano clica aquí

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